La investidura del President.


“No se puede gobernar un país vía internet, para hacer política, hay que estar presente”

Iñigo Urkullu. Lehendakari

 

He querido empezar este artículo con la controvertida frase del Lehendakari Urkullu, controvertida para los que creemos en el autogobierno y en la democracia, porque tengo que reconocer que estoy totalmente de acuerdo con ella. El liderazgo de un pueblo puede ser perfectamente ejercido desde el exilio, y los vascos sabemos algo de esto, pero el cargo de Lehendakari o el de President tienen, en las circunstancias actuales, un importante componente de gestión que aconseja que quien lo ejerza lo haga pegado al territorio.

A partir de ahí, lo que no vale es achacar al President o a sus consellers presos o exilados la responsabilidad de su ausencia, ni intentar desvirtuar lo que votaron democráticamente, y a pesar de las circunstancias totalmente adversas, la mayoría de los catalanes. Y no vale porque esa responsabilidad no es de ellos, en el caso de los presos de forma evidente, sino de quienes mantienen esa situación anormal que no son otras que las instituciones del estado, llámense gobierno, como alardeaba de forma insensata la propia Vicepresidenta en campaña, fiscalía, nombrada por el gobierno no lo olvidemos, o Tribunal Supremo.

Harían bien en recordar todos los que abogan por la renuncia a sus cargos de los representantes electos de Catalunya, el artículo de ayer de Gaspar Llamazares; “La investidura y la Presidencia exigen presencia” resulta paradigmático a esos efectos, que eso sería subvertir el voto democrático de los catalanes que dejaron muy claro el pasado 21D a quien quieren en el Palau de la Generalitat.

Pero es que si ya la aplicación del artículo 155 de la Constitución es más que cuestionable;

 Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Dado que de su lectura, y en especial del segundo punto, difícilmente se puede inferir que eso de potestad a Rajoy para disolver Parlamento alguno ni para convocar elecciones autonómicas, la imputación de los delitos de sedición y rebelión a los cargos electos catalanes no tiene un pase como demuestra el hecho de que el propio magistrado del TS haya levantado la orden de búsqueda y captura internacional para evitar el revolcón de la Justicia europea, donde acabará en todo caso la acusación contra el Govern en última instancia y con resultados más que previsibles:

Rebelión. “Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes…”

Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal. Artículo 472

Sedición. “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes”

Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal. Artículo 544

Dada la absoluta inexistencia de violencia o tumulto más allá de la propia desplegada por el estado el 1O.

Quedan pues los posibles delitos de:

Prevaricación.A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”

Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal. Artículo 404

Desobediencia.Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones”.

Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal.  Artículo 556

Ninguno de los cuales está penado con cárcel por lo que parece que la detención y encarcelamiento de los legítimos representantes del pueblo catalán  no es más que otro factor de la ilegítima aplicación del 155 más allá de, esta sí, legítima y democrática respuesta del pueblo catalán al desatino.

Pero es que, en todo caso, ni Puigdemont, ni Junqueras ni ninguno de los procesados por el TS tienen condena firme por delito alguno y están todos ellos en posesión de sus derechos civiles y la alteración de la voluntad democráticamente expresada en las urnas puede ser un mal mayor que lo que pretendidamente se quiere proteger con tan desorbitadas medidas.

Así las cosas, y retomando la frase del Lehendakari que abre el artículo déjese gobernar y déjese estar presente a quien los catalanes han elegido democráticamente, y esta vez sí, con todas las garantías, para ser su President.

Y pónganse todos a hacer política, unos y otros, y la política es y ha sido siempre la negociación. Como escribía el otro día Innerarity en un magnífico artículo “siempre es mejor votar un acuerdo que un  desacuerdo”, pero para llegar a un acuerdo hace falta diálogo, argumentos y convicción, el uso de la fuerza o la judicialización de un problema político no puede llevar más que a su enquistamiento y, en último caso, va a resultar imposible procesar a los más de 2.060.000 catalanes que el 21D expresaron claramente su voluntad de dejar de ser españoles.

Ander Muruzabal

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