De postureos y posturitas


postureoNo seré yo quien le discuta al Parlamentario Garmendia que denominar Parlamento Nómada a la iniciativa de la Presidenta Aznarez de dotar a la institución de cierta itinerancia tiene su gracia, ni mucho menos sus conocimientos en cuanto a lo que es o no Gobierno Abierto, aunque no sea precisamente por desplegarlos por lo que se caracterizó su breve estancia al frente de la Dirección General de Gobierno Abierto del ejecutivo producto del último conchabeo del quesito.

Pero no tiene menos gracia que nos hable de postureo desde la bancada de un capitidisminuido Partido Socialista en Navarra, hace tiempo que cualquier navarro con dos dedos de frente le cambio la preposición al invento, cuando es, y por méritos propios y más que contrastados, campeón en la materia. Desde los tiempos del inventor de la cosa, el añorado Gabriel Urralburu, hasta su último paladín en materias de cambio, el hoy emigrado Roberto Jiménez; alma, corazón y vida del agostazo al par de ese otro prócer del navarrismo llamado Pepiño Blanco.

Nada que objetar, en todo caso, si el parlamentario Garmendia no fuese el padre putativo de ese invento que trata de resucitar, día si, día también, en el viejo edificio de la Audiencia, que es la desgraciada Ley de Transparencia y Gobierno Abierto de Navarra. Ya sea por el cariño que le tiene, de tal palo tal astilla, por ser el último regalo que nos dejó el régimen del quesito antes de dar paso a la peor legislatura que ha sufrido Navarra en las cuatro últimas décadas… Y no era fácil, se lo aseguro, o simplemente porque no se ha leído el Programa de Gobierno para el Cambio que deja claramente definido que hay que hacer con el texto de marras; derogarlo…

Y es que la fracasada Ley no es siquiera postureo, se acerca mucho más al concepto posturita, ya sea porque el PSN no se atrevió a pasar del título de la Ley o simplemente porque a UPN nada más oír la palabra transparencia le entraba la risa floja, o muy probablemente de las dos.

¿O es que acaso se puede legislar sobre las dos características fundamentales de un verdadero modelo de Gobierno Abierto; la transparencia y la participación política, y lejos de establecer ambos principios lo que se hace es limitarlos y someterlos a discrecionalidad por parte de la propia administración pública, burocratizando el acceso a la información pública y limitando la participación a la escucha selectiva de aquello que le interesa oír y de quienes quiere oír, cercenando la más mínima posibilidad real de participar en la decisión. Eso si, aderezando el texto con unos cuantos caramelos tecnológicos y unas, muchas más, declaraciones de intenciones?

¿Es transparencia legislar sobre los procedimientos a que deben acudir los ciudadanos para obtener información pública, los requisitos que deben cumplir o los plazos y la discrecionalidad de la administración para proporcionarla?

Una verdadera Ley de Transparencia debe partir del reconocimiento de una obviedad como que la información pública es eso; pública, y que por tanto su titular y propietario es el ciudadano. Y legislar sobre la obligación y los plazos que se da la propia administración pública para ponerla disposición de todos ellos en los soportes adecuados; accesibles, reutilizables y gratuitos, y sobre los límites que debe tener el derecho de acceso a ella, que no pueden ser otros que la protección de datos personales y el secreto, limitado en el tiempo, que deben mantener aquellas actuaciones administrativas que por su naturaleza así lo requieran.

¿Es Gobierno Abierto establecer mecanismos de “escucha activa” en soportes interactivos y actuar en ellos de manera unidireccional, crear estructuras de participación política meramente consultivas y legislar sobre la capacidad administrativa de establecer discrecionalmente quienes los componen y, por fin, obviar cualquier mecanismo de participación de estos o de los ciudadanos en la decisión política?

Una verdadera Ley de Gobierno Abierto debe contemplar el proceso de participación desde sus cuatro etapas; información, escucha, debate y decisión, y, por supuesto, no puede dejar en manos de la administración pública el papel de árbitro a la hora de decidir a quien o qué escucha de manera discrecional, y una verdadera Ley de Gobierno Abierto debe establecer mecanismos de participación en la toma de decisiones.

¿Qué garantías de Gobierno Abierto puede ofrecer una Ley que parte de un vicio de origen que es negar la escucha y la propia participación a los representantes políticos de esos ciudadanos a quienes pretende dar voz? Recordemos aquí que la Ley Garmendia fue aprobada por el rodillo UPN-PSN sin aceptar ni una sola de las enmiendas de la oposición.

¿Se pretendía hacer lo mismo con las aportaciones y demandas de los ciudadanos que la Ley pretende regular?

Algunas veces hay quienes interpretan a la perfección el papel de aquellos vendedores de crecepelo del Far West cuyo mejunje lo mismo servía para las penurias capilares, tónico reconstituyente, potenciador del vigor sexual o para la francachela en el Salón cuando se acababa el bourbon.

Eso es lo que algunos, Sr. Garmendia, entendemos por postureo, o mejor, posturita…

Ander Muruzabal

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